A LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Sede Central: Calle de O’Donnell, 50, 28009 Madrid
ASUNTO: Escrito de denuncia y exigencia de medidas urgentes ante los traslados forzosos derivados del nuevo Acuerdo Marco residencial.
Madrid, a 13 de junio de 2026
Los abajo firmantes, ciudadanos de la Comunidad de Madrid, familiares de personas en situación de dependencia y discapacidad, junto con las plataformas y colectivos sociales que apoyan esta solicitud, comparecen ante esta Consejería y, de la forma más oportuna en Derecho,
EXPRESAN:
Primero. — El riesgo inminente de desarraigo e indefensión por el nuevo Acuerdo Marco Residencial.
Ante la entrada en vigor el próximo 1 de julio del nuevo Acuerdo Marco, manifestamos nuestro absoluto rechazo al modelo de contratación pública implementado. La no adhesión de múltiples empresas gestoras de residencias privadas al nuevo pliego supondrá la supresión de cientos de plazas concertadas de financiación total. Esto somete a las personas mayores grandes dependientes a un limbo administrativo inadmisible: o se ven forzadas a sufrir un traslado traumático lejos de su entorno y cuidadores de referencia, o se ven empujadas al uso coactivo de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (Cheque Residencia). Esta última opción traslada el coste de la privatización a los bolsillos de las familias, que deben cofinanciar las elevadas tarifas comerciales para evitar el empeoramiento de salud de sus familiares.
Segundo. — La adjudicación de plazas públicas a centros sancionados o bajo investigación.
Resulta alarmante e indignante que el nuevo entramado de adjudicaciones premie con financiación y conciertos a centros privados que acumulan graves actas de sanción administrativa e investigaciones en curso por desatención médica, malnutrición y falta crónica de personal o vulneración de derechos a residentes y familiares. Centros como BOUCO Carabanchel (antigua ORPEA), con una investigación abierta por la propia Comunidad de Madrid van a recibir fondos públicos en lugar de sufrir una fiscalización férrea, la retirada del concierto o la revocación definitiva de la licencia de actividad.
Por todo lo expuesto, familiares y ciudadanos agrupados en Marea de Residencias
SOLICITAN:
- La paralización cautelar de los traslados forzosos previstos para el próximo 1 de julio, garantizando por ley la permanencia de todos los residentes con plaza concertada total en su centro actual sin que ello suponga un sobrecoste económico de cofinanciación para sus familias.
- La exclusión inmediata del Acuerdo Marco de cualquier centro residencial privado que cuente con expedientes sancionadores firmes o investigaciones abiertas por vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios, reorientando de manera progresiva dicha inversión hacia la creación de una red residencial de gestión 100% pública y directa.
- La apertura de una mesa de diálogo urgente entre esta Consejería y las plataformas de familiares afectados para el diseño de un modelo de cuidados digno, transparente y centrado estrictamente en los derechos humanos.
Esperando que esta administración recupere el sentido de la responsabilidad pública y la protección social que debe a sus ciudadanos.
Atentamente,